Perú

Etapa contemporánea: Centralismo liberal. Universidades de distrito

Las reformas ilustradas del siglo XVIII, que parten de lo particular (planes de estudios universitarios establecidos entre 1769 y 1786), culminan en el llamado Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las universidades de la Monarquía. Además del control estatal, quedaba reforzada la figura del rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos. Ese mismo año se suprimieron muchas de las llamadas universidades menores, es decir, las instituciones académicas de proyección más localista; en parte por su excesivo número, y por el deterioro académico y la penuria económica de muchas de ellas. Y la función anteriormente cumplida por estas universidades menores, en el ámbito regional, sería transferida y multiplicada con la consolidación de los llamados institutos de segunda enseñanza. Simbólicamente, entre 1836 y 1841, los edificios y bienes de aquellas universidades pasaron a éstos.

Mientras tanto, se suceden alternativas de reformas liberales y restauraciones absolutistas, al ritmo de las oscilaciones políticas generales. Y en medio de este tejer y destejer se van desmoronando, progresivamente, las bases estructurales de las universidades tradicionales. En 1837 desaparecen los diezmos eclesiásticos, que constituían su fuente de financiación; y, por el plan de 1838, quedaba establecido que dichas universidades se financiasen a partir de los derechos de matrícula y académicos, así como de cantidades otorgadas por los presupuestos generales del Estado. Desaparecen, también, los privilegios jurisdiccionales, y, en general, se va imponiendo paulatinamente la política educativa liberal, según normas centralizadas, emanadas y difundidas desde Madrid. De este modo, pasamos de la universidad del Antiguo Régimen, autónoma en lo financiero y organizativo, a la universidad liberal, centralizada, uniforme y jerarquizada, financiada y controlada por el Estado, rama de la administración del Estado y con un profesorado funcionario. Los estudios eclesiásticos se diluyen, y el alumnado pasa del manteo a la levita.

Esta nueva universidad contemporánea va a construirse sobre proyectos liberales moderados: sobre todo el plan Moyano (1857), que ya se prefijaba en el Plan Pidal (Gil de Zárate) de 1845. En estos planes, como ha sido señalado, se separaba una enseñanza, llamada media, de la propiamente universitaria. Como consecuencia, se crearán institutos provinciales de segunda enseñanza. Surgen como consecuencia de la Ley Pidal, y se estructuran a partir de esquemas y asignaturas de la antigua facultad universitaria de Artes. Y en medio de estos cambios, la facultad de Teología era suprimida por decreto de mayo de 1852; aunque esta disposición no fuera aplicada hasta la supresión definitiva de 1868, tras la «Gloriosa» revolución.

La universidad liberal quedó definitivamente asentada con las leyes de Claudio Moyano (1857), ministro que había sido anteriormente profesor y rector de la Universidad de Valladolid. Podemos considerar algunas peculiaridades del nuevo marco legal. En principio, las universidades quedaban dependientes del Ministerio de Fomento, a través de una Dirección General y un Real Consejo de Instrucción Pública. El rector pasa a convertirse en una figura política de designación ministerial. Se consolida, asimismo, un cuerpo de catedráticos funcionarios, de rango nacional y a partir de oposiciones centralizadas. Se ratifican los institutos de segunda enseñanza, los cuales otorgarían el título de bachiller en Artes, tradicionalmente concedido por la facultad de este nombre. Quedan establecidas, además, seis facultades superiores: filosofía y letras; ciencias exactas; físicas y naturales; farmacia; medicina; derecho; y teología.

Otra peculiaridad de la Ley Moyano, que posee una directa incidencia en el tema que nos ocupa, fue la organización de las universidades en diez distritos o ámbitos territoriales propios. Un distrito central (Madrid) predominante, en el que se impartirían todos los estudios hasta el grado de doctor, y que serviría de modelo y atracción para las restantes universidades de provincias. Los otros distritos correspondían a las universidades de Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Como puede observarse, el papel hegemónico tradicional de Salamanca, Valladolid y Alcalá, ha pasado a concentrarse en Madrid que, sustituyendo a Alcalá (a partir del año 1836), mantiene también la influencia de ésta sobre Castilla la Nueva. No obstante, las universidades de Valladolid y Salamanca mantienen una cierta importancia relativa, situadas en una región (Castilla/León) que hacia 1900 suponía el 12,4% de la población española.

Estos marcos jurídicos uniformes intentarán renovarse con la ley César Silió de 1919, que suponía el reconocimiento de mayor autonomía administrativa para las universidades. Se trataba de modificar el modelo centralista decimonónico; pero el proyecto quedó suspendido con el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera.

LUIS E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. Director del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX. Universidad de Salamanca.